Un juez de la Corte Suprema de Queensland, Australia, dictaminó el martes que la obligación de vacunar a los trabajadores esenciales durante la pandemia de COVID-19 era ilegal y violaba los derechos humanos.
En diciembre de 2022, decenas de miembros del Servicio de Policía de Queensland (QPS) y del Servicio de Ambulancias de Queensland (QAS) presentaron tres denuncias. Los trabajadores de emergencia enfrentaron medidas disciplinarias por rechazar las inyecciones de COVID-19 por orden de la entonces Comisaria de policía de Queensland, Katarina Carroll, y del entonces director general de salud de Queensland, Dr. John Wakefield.
El martes, el juez Glenn Martin dictaminó que el mandato era “ilegal” y contravenía la Ley de Derechos Humanos del estado, que establece que “una persona no debe ser sometida a tortura; o ser tratados o castigados de forma cruel, inhumana o degradante; o sometido a experimentos o tratamientos médicos o científicos sin el consentimiento pleno, libre e informado de la persona.”
En una sentencia de 115 páginas, el juez Martin citó “el derecho fundamental a no ser sometido a tratamiento médico sin el consentimiento pleno, libre e informado, que ha sido impedido por estas instrucciones.”
“Se hicieron de manera ilegal o ineficaz. El incumplimiento de esas instrucciones podría haber tenido consecuencias que cambiarían la vida de un empleado que se negó a cumplirlas,” escribió.
El juez añadió que la ex comisaria de policía de Queensland, Katarina Carroll, no tuvo en cuenta los derechos humanos de los agentes de policía cuando emitió el mandato.
“No estoy satisfecho con que la excomisaria [de policía] haya demostrado que dio la debida consideración a los derechos humanos que podrían haber sido afectados por sus decisiones,” dijo el juez. “No acepto que la Comisaria haya . . . considerado si la decisión sería compatible con los derechos humanos.
“Al no haber tenido la debida consideración, la toma de cada una de esas decisiones fue ilegal.”
Australia causó impacto en todo el mundo cuando cayó en un régimen totalitario durante la pandemia. En 2021, el primer ministro australiano, Scott Morris, prometió a los contribuyentes que, si el 70% del país recibía ambas dosis de ARNm, permitiría que hasta cinco personas se reunieran dentro de la casa y hasta 20 al aire libre. La campaña del gobierno Spread Freedom permitió a los contribuyentes australianos recuperar su libertad con dosis de vacunas.
Los estados australianos tuvieron su propio enfoque ante la pandemia. Las autoridades de Nueva Gales del Sur, por ejemplo, mataron a tiros a varios perros de rescate para que la gente no viajara a recogerlos.
Queensland fue particularmente agresiva con las vacunas. En diciembre de 2022, la subcomisionada del Servicio de Policía de Queensland, Tracy Linford, instó a los contribuyentes a denunciar a los ciudadanos que difundan “teorías de conspiración en torno a la vacunación contra COVID-19.”
El aviso se produjo meses después de que la ministra de Salud de Queensland, Yvette D’Ath, admitiera estar desconcertada por un aumento repentino en las llamadas de emergencia.
“Sí, no creo que alguien pueda explicar por qué vimos un aumento del 40% en los códigos uno,” dijo a los periodistas en abril de 2022. “Y lo he visto mientras viajaba a veces por el estado. Entro en un servicio de ambulancia y me dicen: ‘Ayer tuvimos un aumento del 30% en los códigos uno.’ No sabría decirte por qué. Simplemente tuvimos muchos ataques cardíacos, dolores en el pecho y problemas, ya sabes, problemas respiratorios. A veces no se puede explicar por qué suceden esas cosas.”
