La Asamblea Nacional de Francia aprobó la semana pasada una ley que penaliza a los profesionales médicos que desaconsejan tratamientos respaldados por el Estado.
La nueva ley, que fue aprobada tras escaso debate, prescribe una pena de hasta tres años de prisión o una multa de €45.000 ($48.518) por “aberraciones sectarias.” Según medios franceses, el proyecto de ley define esto como “una provocación para abandonar o abstenerse de recibir atención.”
La ley, apodada “Artículo Pfizer” por sus críticos, obligaría a los médicos a recomendar tratamientos tan controversiales como las vacunas de ARNm contra COVID-19, que muchos profesionales médicos independientes consideran dañinas.
Pero aún más, los detractores de la ley señalan que el gobierno francés ha consolidado su control sobre el campo médico. Actualmente se considera que la medicina y la atención sanitaria están cooptadas por el Estado, sin lugar a la disidencia de científicos y expertos médicos.
Esto fue particularmente evidente durante la pandemia, cuando las autoridades francesas impusieron la obligación de usar mascarilla. Los funcionarios de salud pública señalaron estudios de baja calidad que mostraban altas tasas de eficacia de las mascarillas, mientras que los ensayos controlados aleatorios — considerados el estándar de oro científico — mostraron que las mascarillas tenían poco o ningún efecto contra los virus respiratorios. No está claro si, dada la nueva ley, los científicos que produzcan investigaciones disidentes de tal calidad estarán exentos de castigo. Lo que está claro es que las autoridades francesas no estarán obligadas a confiar en evidencia de alta calidad para justificar el apoyo a ciertos tratamientos e intervenciones.
A los críticos también les preocupa que la aprobación de la ley pueda alentar a otros gobiernos de todo el mundo que han intentado aprobar una legislación similar.
California, por ejemplo, derogó recientemente la AB 2098, una ley aprobada en 2022 destinada a castigar la “desinformación médica.” El proyecto de ley permitió a la Junta Médica de California (CMB) penalizar a profesionales médicos por brindar asesoramiento médico que no haya sido aprobado por las autoridades de salud pública. Aunque no se limitaba a determinadas situaciones, la ley estaba dirigida a los profesionales médicos que sugieran tratamientos tempranos seguros y eficientes contra COVID-19, como la hidroxicloroquina y la ivermectina.
En Brasil, los legisladores introdujeron el año pasado una legislación que habría castigado a quienes criticaran las vacunas durante una emergencia de salud pública con entre 2 y 8 años de prisión y una multa. La misma sentencia se habría aplicado a quienes rechazaran las vacunas recetadas por el gobierno. Los padres que se negaran a inyectar a sus hijos esas vacunas se habrían enfrentado a hasta tres años de prisión.
También el año pasado, el Ministerio de Salud de Brasil presionó al Consejo Federal de Medicina (CFM) para que tomara medidas contra los profesionales médicos que no estaban de acuerdo con las políticas de vacunación. El Ministerio de Salud acusó a los médicos que dudan de determinadas vacunas de “negacionismo.” Según el gobierno, expertos en todos los campos de la salud han estado difundiendo información falsa y “la reticencia a las vacunas ha perjudicado a la población.”
