La nueva legislación presentada esta semana en el Parlamento canadiense castigaría el discurso de odio en línea con cadena perpetua.
El proyecto de ley C-63, también conocido como Ley de Daños en Línea, tuvo su primera lectura el lunes, pero ya está generando críticas, por lo que los críticos dicen que es un desafío abierto a la libertad de expresión.
La legislación tiene como objetivo limitar el “contenido nocivo,” el cual proyecto de ley define como “contenido íntimo comunicado sin consentimiento; contenido que victimice sexualmente a un niño o revictimice a un sobreviviente; contenido que induzca a un niño a hacerse daño; contenido utilizado para intimidar a un niño; contenido que fomente el odio; contenido que incite a la violencia; y contenido que incite al extremismo violento o al terrorismo.”
Las empresas de redes sociales serían consideradas responsables del contenido dañino en sus plataformas y podrían ser sancionadas con fuertes multas por no suprimirlo.
El proyecto de ley también convierte el discurso de odio en línea en un delito independiente para los contribuyentes canadienses, punible con cadena perpetua.
“Toda persona que defienda o promueva el genocidio es culpable de un delito procesable y puede ser condenada a cadena perpetua,” dice el proyecto de ley.
“Toda persona que cometa un delito previsto en esta Ley o en cualquier otra Ley del Parlamento, si la perpetración del delito está motivada por odio basado en la raza, origen nacional o étnico, idioma, color, religión, sexo, edad, discapacidad mental o física, orientación sexual, o la identidad o expresión de género, es culpable de un delito procesable y puede ser castigado con cadena perpetua,” se lee también en la legislación.
El proyecto de ley define el odio como “la emoción que implica aborrecimiento o denigración y que es más fuerte que el desdén o la aversión.”
“Soy padre de dos niños y, al igual que los padres y abuelos en todo Canadá, estoy aterrorizado por los peligros que acechan en Internet a nuestros hijos,” dijo el lunes el ministro de Justicia, Arif Virani, en defensa de la ley propuesta.
“También soy musulmán. El odio que se supura en línea está radicalizando a la gente y esa radicalización tiene impactos en el mundo real para mi comunidad y para muchas otras comunidades,” añadió Virani.
El proyecto de ley C-63 también establecería la Comisión de Seguridad Digital, un organismo gubernamental cuyo propósito sería vigilar el contenido en línea y hacer cumplir el proyecto de ley. También se crearía una Oficina de Seguridad Digital y un Defensor del Pueblo de Seguridad Digital para apoyar a la comisión.
